*Traducción libre de The Lancet Public Health 2021
Autores y autoras: Gabriela Cuevas Barran, George Laryea-Adjei, Vaira Vike-Freiberga, Ibrahim Abubakar, Henia Dakkak, Delanjathan Devakumar, Anders Johnsson, Selma Karabey, Ronald Labonté, Helena Legido-Quigley, Peter Lloyd-Sherlock, Isaac Iyinoluwa Olufadewa, Harold Calvin Ray, Irwin Redlener, Karen Redlener, Ismail Serageldin, Nisia Trindade Lima, Virgilio Viana, Katherine Zappone, Uyen Kim Huynh, Nicole Schlosberg, Hanlu Sun, Ozge Karadag flor the Lancet Commission on COVID-19: Task Force on Humanitarian Relief, Social Protection, and Vulnerable Groups
La pandemia de COVID-19 no tiene precedentes. No sólo ha inducido una crisis de salud pública, sino que ha provocado graves crisis económicas, sociales y educativas. En todas las economías y sociedades, las consecuencias distributivas de la pandemia han sido desiguales. Entre los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad, la pandemia amplió sustancialmente las brechas de desigualdad, con posibles implicaciones negativas para el bienestar físico, socioeconómico y mental de estas personas a largo plazo.
Desde esta perspectiva se proponen recomendaciones prioritarias, programáticas y políticas que los gobiernos, los socios de recursos y las partes interesadas pertinentes deberían tener en cuenta a la hora de formular estrategias a medio y largo plazo para prevenir la propagación del COVID-19, hacer frente a los efectos del virus y reducir las desigualdades en materia de salud. El mundo se encuentra en un momento más crucial que nunca, que requiere la colaboración y cooperación de todos los sectores para mitigar las desigualdades, mejorar la salud y el bienestar de las personas con una cobertura sanitaria universal y protección social, además de la aplicación del enfoque de la salud en todas las políticas.
¿Quiénes son los vulnerables?
Las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad incluyen individuos que se enfrentan a la exclusión y la discriminación sistémicas basadas en su edad, discapacidad, raza, etnia, género, nivel de ingresos, religión, casta o credo, identidad de género, orientación sexual y situación migratoria, además de las personas que están atrapadas en conflictos y son apátridas, poblaciones encarceladas, personas con problemas de salud crónicos (por ejemplo, enfermedades mentales), personas que viven en viviendas inadecuadas, y personas que están expuestas a la degradación del medio ambiente, a la contaminación del aire y en riesgo debido al cambio climático. Hay que seguir trabajando incluir a las personas que viven en condiciones vulnerables y garantizar que no se omita a ninguna de ellas en los esfuerzos para proteger y promover sus derechos humanos durante esta pandemia y la próxima crisis sanitaria.
Las sociedades pueden promover cambios que mejoren o saquen a las personas de las situaciones de vulnerabilidad. Además, los gobiernos pueden transformar entornos o condiciones desfavorables que disminuyen el acceso a servicios públicos como la salud educación, transporte, agua potable y saneamiento, en ambientes seguros y que promuevan la salud. Los individuos que viven en condiciones de vulnerabilidad no son homogéneos, pero comparten una serie de desventajas y riesgos.
Es importante incluir a las comunidades vulnerables, porque pueden identificar soluciones, ayudar a garantizar y adaptar las respuestas a las diversas necesidades de la población. Los datos oficiales sobre los indicadores de salud en general y sobre el COVID-19 en particular, entre las personas que viven en condiciones vulnerables no están disponibles públicamente en muchos países. Por lo tanto, se subestima su gravedad y agudeza. Se necesitan urgentemente datos más desglosados y estandarizados para informar con precisión sobre las acciones y las políticas públicas.
Para comprender los efectos específicos del COVID-19 en personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, es necesario recopilar datos más actualizados sobre hospitalizaciones, muertes y otros indicadores de salud y bienestar social desglosados por ingresos, género edad, raza, etnia, discapacidades y otras variables.
La interseccionalidad de las desigualdades entre condiciones de vulnerabilidad
La pandemia ha mostrado cómo diversas desigualdades, que eran amplias y crecientes dentro de los países, y entre ellos, mucho antes mucho antes de la pandemia, están estrechamente vinculadas.
La interseccionalidad examina cómo los marcadores de identidad se cruzan dentro del individuo y como los grupos sociales, especialmente aquellos que son vulnerables debido a su identidad o condiciones sociales, ejemplifican la interseccionalidad dentro de la agrupación. Las tasas de infección y las muertes por COVID-19 son desiguales, y las mayores dificultades las sufren las personas que viven con vulnerabilidades cruzadas, ya que tener más de una vulnerabilidad tiene efectos multiplicativos o aditivos.
El efecto de COVID-19 en diferentes grupos de población
La pandemia tuvo un efecto adverso en todos los objetivos de desarrollo sostenible, incluido el décimo, que aborda la desigualdad. Para ello, las desigualdades sistémicas y la injusta distribución de las oportunidades en la vida están dejando varios grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad, con riesgos de aumentar la morbilidad, la pobreza y la marginación durante la pandemia que la población en general.
El COVID-19 tiene un efecto desproporcionado en las personas mayores. Estos efectos se ven amplificados por la discriminación generalizada contra las personas mayores en la asignación de los servicios sanitarios. Las personas mayores internadas en centros asistenciales han representado más de la mitad de la tasa de mortalidad en muchos países.
Las personas mayores también están muy expuestas a los efectos económicos y sociales de la pandemia, especialmente en países de ingresos bajos y medios (PIM). En 2018, solo alrededor del 20% de las personas de 60 años o más recibían una pensión en los PIM. Hay menos personas mayores que jóvenes viviendo solas, lo que podría limitar el aislamiento social durante el encierro. Igualmente, los contextos de hacinamiento de infravivienda y el estrés familiar, aumentan la exposición al abuso y la infección. En la India, el 56% de las personas mayores declararon haber sufrido abusos y afirmaron que éstos habían empeorado desde el encierro.
Los niños, niñas y adolescentes (es decir, los menores de 18 años) también se ven considerablemente afectados por las repercusiones indirectas de la pandemia. Los niños, que ya tienen el doble de probabilidades de vivir en la pobreza extrema en comparación con los adultos (es decir mayores de 18 años), se ven gravemente afectados por la ampliación de la pobreza de la pandemia. Los niños también se enfrentan a la interrupción de los servicios esenciales, en particular la educación, 195 países impusieron cierre de escuelas, afectando a más de 1.000-5.000 millones de niños y jóvenes (es decir, los que tienen entre 15 y 24 años), estos cierres afectan al sistema educativo con importantes consecuencias sociales y sanitarias (por ejemplo, retroceso educativo de abandono escolar, nutrición comprometida y aumento de los de abusos y negligencias).
Millones de niños provenientes de familias con dificultades económicas crónicas luchan por obtener acceso a la banda ancha y al hardware para obtener tutoría, lo que hace que el aprendizaje a distancia sea esencialmente imposible. Aquellos niños que tenían dificultades educativas antes de la pandemia se enfrentan a nuevos retrocesos intolerables que podrían no ser remediables, y las adversidades extremas a largo plazo requerirán una intervención y un apoyo más amplios. El impacto de estos reveses en el futuro de estos niños es nefasto, y las implicaciones de un aumento de los niños que no pueden alcanzar su pleno potencial es extremadamente grave para las sociedades.
Debido a las desigualdades de género profundamente arraigadas y a las relaciones de poder disímiles, los efectos indirectos del virus son devastadores sobre las niñas y las mujeres, exacerbando las desigualdades de género en los sectores sanitario, económico y social. La crisis ha aumentado sustancialmente la carga de los cuidados en las mujeres, que constituyen el 70% del personal sanitario remunerado en todo el mundo.
El trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar ha aumentado de la economía remunerada al cuidado no remunerado de los niños. En 2021, el empleo de las mujeres se redujo en un 50%, mientras que el empleo de los hombres disminuyó entre un 3 y un 9%. Además, el 90% de las mujeres que perdieron su empleo en 2020 abandonaron la población activa, lo que sugiere que su vida laboral probablemente se verá interrumpida durante un largo período de tiempo, a menos que se adopten las medidas adecuadas.
A pesar de las 2280 medidas fiscales, de protección social y del mercado laboral adoptadas en respuesta a COVID-19, sólo 13% se dirigen a la seguridad económica de las mujeres. Para muchas niñas, la pandemia les ha hecho la vida más difícil. Entre 11.2 millones de niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo corren el riesgo de no volver a los centros de atención, escuelas o universidades debido a la crisis del COVID-19. Este riesgo expone a las niñas y jóvenes a mayor riesgo de violencia, matrimonio infantil, la mutilación genital femenina (es decir, todos los procedimientos que implican la extirpación parcial o total de los genitales femeninos, u otras lesiones en estos órganos por razones no médicas) y la infección por el VIH, con un acceso limitado o nulo a los servicios.
Los embarazos adolescentes entre las niñas no escolarizadas y la mortalidad materna entre todas las niñas y mujeres han aumentado debido a la escasez de recursos cruciales. Muchas mujeres que viven en condiciones vulnerables experimentan un aumento de la violencia, ya que las medidas de permanencia en el hogar confinan a las familias y aumentan las tensiones. Esta situación ha desencadenado una epidemia en la sombra de violencia contra las mujeres en todo el mundo.
Las personas con discapacidades han tenido dificultades a la hora de tomar medidas prudentes para protegerse, además de las desigualdades sociales preexistentes que disminuyen su capacidad de resistencia económica durante la pandemia.
Las poblaciones racializadas de todas las regiones han sido el chivo expiatorio de la propagación del virus y han sufrido incidentes de discriminación, xenofobia, racismo y ataques físicos. El estrés crónico y tóxico derivado de los elevados niveles de racismo y otras formas de discriminación aumenta el riesgo de contraer el COVID-19 y sus consecuencias.
Las personas que provienen de pueblos originarios también tienen un mayor riesgo de infección con consecuencias irreparables debido a un estado de salud y un menor acceso a los servicios de atención sanitaria y saneamiento que la población en general.
Los desplazados internos, incluidos los habitantes de zonas controladas por grupos armados, los refugiados, los solicitantes de asilo y los apátridas y sin hogar, tienen consecuencias más graves debido a las circunstancias de riesgo, como el acceso limitado a viviendas seguras, lugares de trabajo seguros, oportunidades educativas, saneamiento y atención sanitaria que las personas no desplazadas.
El efecto de COVID-19 sobre la vulnerabilidad por dimensión social clave
- Ingresos y empleo
La pandemia ha puesto de relieve la desigualdad económica. Las comunidades con pocos recursos están experimentando desafíos para satisfacer las necesidades básicas de las personas, y las condiciones de trabajo están directamente relacionadas con las diferentes vulnerabilidades.
Algunos grupos se ven desproporcionadamente afectados por los de los recortes de empleo o de los planes de suspensión causados por las restricciones a la movilidad y las órdenes de permanencia en el hogar. La economía informal dificulta la adhesión a las intervenciones no farmacológicas, la realización de pruebas, el aislamiento y obtener tratamiento cuando es necesario, magnificando las desigualdades existentes.
Se espera que la pobreza absoluta aumente, incrementando el número de personas en extrema pobreza hasta en 500 millones de personas en todo el mundo para 2022. La cantidad y la calidad de la de la producción de alimentos se está reduciendo, lo que puede afectar los niveles de nutrición, el estado de salud y el sistema inmunológico, con un efecto más destacado en los niños, las mujeres embarazadas y adultos mayores.32
- Brecha digital
La pandemia ha impulsado la era de Internet, pero casi la mitad de la población mundial sigue sin estar conectada. El COVID-19 subrayó la profunda desigualdad en la brecha digital durante las medidas de bloqueo. El acceso a Internet informa al público sobre la actualidad de COVID-19, aumenta las oportunidades de trabajar desde casa, permite aprendizaje a distancia, permite la telemedicina y conecta personas aisladas con otras.
- Contextos humanitarios
COVID-19 comenzó como una crisis sanitaria mundial, pero rápidamente se convirtió en una crisis humanitaria y podría revertir décadas de progreso en materia de pobreza, salud, educación y otras cuestiones.
Durante la pandemia, las cadenas de suministro se interrumpieron, especialmente en las zonas de conflicto de conflicto, donde ya hay escasez de personal sanitario y suministros. Los trabajadores humanitarios ponen su vidas en peligro para proporcionar la atención necesaria. Algunos gobiernos no han querido o no han podido defender el derecho el derecho de su población a la asistencia sanitaria en tiempos de conflicto. Algunos incluso han intentado suprimir la información sobre el virus y reprimir las críticas a su gestión de la pandemia.
El caso de la cobertura sanitaria universal y la protección de los grupos que viven en condiciones vulnerables
La protección social tiene como objetivo prevenir o proteger a todas las personas contra la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social, con énfasis en los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad, de tal manera que todos tengan una oportunidad justa con equidad económica y de salud. La cobertura sanitaria universal significa que todas las personas acceso a los servicios de salud que necesitan, cuando donde los necesiten, sin dificultades económicas.
Los gobiernos deben trabajar por la cobertura sanitaria universal debido a su compromiso con los desarrollo sostenible. La cobertura sanitaria universal mejora de salud pública, que son importantes para el crecimiento económico y, por tanto, para la preparación ante una pandemia. Dejar atrás a la gente significa que hay personas sin diagnosticar y sin tratar, lo que aumenta el riesgo de infección, la carga de la enfermedad y los costes sanitarios, y disminuye la confianza en las instituciones y los líderes políticos, lo que afecta a las sociedades en su conjunto.
Hay pruebas sólidas que sugieren que proporcionar una protección social integral, adaptada al contexto, y vincular esta protección a la atención sanitaria con acceso universal puede mitigar los impactos a largo plazo de la pandemia, aumentar la confianza y ayudar a proteger a los más vulnerables.
A pesar de algunas tendencias positivas, sigue existiendo la preocupación de que la de que la ampliación de los programas sea insuficiente y de naturaleza temporal. Además, la cobertura y adecuación de la protección social (por ejemplo, el tamaño de la transferencia de efectivo) suele ser demasiado baja para apoyar a las familias que viven en la pobreza, incluso en la formación de capital humano, al tiempo que se refuerza su resiliencia ante futuras crisis, sobre todo climáticas.
Recomendaciones para la protección inmediata y a largo plazo de los grupos vulnerables
Se han presentado recomendaciones en muchos informes que evalúan los programas de protección social y los de salud en todo el mundo. Las recomendaciones que aquí se presentan aquí han sido priorizadas y acordadas por el Grupo de Trabajo de la Comisión de COVID-19 sobre Protección Social, Acción Humanitaria y Grupos Vulnerables que, a través de un proceso de consulta en línea, incluye reuniones del grupo de trabajo y documentos compartidos en línea.
- Ejecutar la cobertura sanitaria universal y sistemas de protección social en todos los países
– Los gobiernos, con el apoyo de los organismos de la ONU, deberían comprometerse a financiar y ejecutar una rápida expansión de la cobertura universal de protección social. Deben garantizar que estos sistemas respondan a las crisis, crear mecanismos de financiación de contingencia para una rápida ampliación, y desarrollar sistemas operativos, recursos humanos y protocolos de formación que creen la capacidad de una rápida expansión de estos programas y políticas.
– Implementar la cobertura sanitaria universal, incluyendo el acceso a de salud primarios que estén plenamente integrados con los sistemas de protección y la atención social comunitaria, prestando más atención a la priorización de las necesidades de los más vulnerables. Esto incluye promover la salud como derecho humano, los sistemas de salud y todos sus componentes como bienes y todos sus componentes como bienes públicos nacionales e internacionales, y la distribución equitativa de las vacunas COVID-19 en función de la necesidad y no de la capacidad de pago, es de suma importancia.
– Dentro del enfoque universal, los gobiernos deben garantizar la adecuación e inclusión, de modo que los sistemas de salud y de protección social tengan en cuenta las cuestiones de género e incluyan a todos los grupos vulnerables y marginados.
-Garantizar la inclusión del sector de la sociedad civil, y que los grupos marginados puedan participar significativamente participar significativamente en los procesos de toma de decisiones.
– Garantizar que las reformas de la cobertura sanitaria universal se financien de forma pública y progresiva, y que los servicios se asignen en función de las necesidades.
– Crear un fondo mundial de protección social para apoyar a los países que no puedan satisfacer las necesidades fiscales de proporcionar un enfoque universal de los programas de protección social.
– En contextos humanitarios, utilizar el dinero en efectivo antes que la ayuda en especie y construir y fortalecer los sistemas nacionales de apoyo en efectivo. Canalizar la ayuda en efectivo a través de los sistemas nacionales para garantizar la eficiencia y la sostenibilidad, e incluso cuando los sistemas débiles, los métodos paralelos deben ayudar a reforzar los elementos de los sistemas nacionales.
- A nivel nacional, garantizar que los gobiernos y los parlamentos se comprometan a financiar y salvaguardar los servicios sanitarios y sociales para apoyar universalidad y equidad
– Los gobiernos y los parlamentos deben participar en negociaciones para financiar las políticas de protección social más allá de una respuesta de emergencia y la continuidad de los servicios sanitarios para proteger a todos de futuros brotes. La cobertura sanitaria universal se logrará mediante la financiación pública a través de los compromisos nacionales de los responsables gubernamentales. Hay varias opciones para ampliar de ampliar el espacio fiscal, por ejemplo, reasignando y mejorando la eficiencia del gasto público, el aumento de los ingresos fiscales y la gestión o reestructuración de la deuda y la ayuda existentes.
– Las agencias de la ONU deben trabajar con los gobiernos para ayudar a reajustar sus actuales inversiones financieras hacia la salvaguarda de servicios esenciales y las necesidades de protección social. Estas inversiones deben hacerse también a largo plazo con el objetivo de ayudar a los países a satisfacer las necesidades fiscales de proporcionar un enfoque universal a los programas de atención sanitaria y de salud y protección social, al tiempo que mejoran su sostenibilidad fiscal y su estabilidad macroeconómica.
– Garantizar que las políticas y los presupuestos promulgados en respuesta a COVID-19 se basen en datos desglosados (por ejemplo, por edad género, discapacidad, etnia, ingresos y situación legal).
-Crear objetivos específicos, medibles y estandarizados para supervisar el progreso de estas políticas y presupuestos para para atender las necesidades de las poblaciones vulnerables.
- Reactivar las relaciones entre gobierno y los actores de la sociedad civil, y garantizar las comunidades, las poblaciones marginadas y todas las identidades de género tengan un papel central en la toma de decisiones
– Crear procesos que tengan en cuenta las cuestiones de género para que el sector de la sociedad civil, las poblaciones marginadas, los políticos y los responsables políticos. Ir más allá de la mera consulta y ofrecer un espacio para que las poblaciones marginadas en la mesa de toma de decisiones. Utilizar la experiencia de las poblaciones marginadas para diseñar soluciones que satisfagan las necesidades de las diversas poblaciones. Las organizaciones comunitarias pueden llegar a las personas más vulnerables de un modo que los gobiernos no pueden y tienen la confianza de estas personas de una manera que los gobiernos no suelen tener. Garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la perspectiva de género en la toma de decisiones.