Fuente: Mesa Temática Nacional sobre VIH/SIDA – FORO SALUD – Foro de la Sociedad Civil .
Construyamos consensos: Hacia sistemas de protección social universales, ante desastres y la desigualdad
25 DE OCTUBRE DE 2021
El contexto que vivimos Las organizaciones de la sociedad civil reunidas en el Foro previo a la IV Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social (CRDS) acordamos esta Declaración poniendo en esta ocasión, especial foco en los desafíos de la protección social ante situaciones de desastres.
Coincidimos en la preocupación por el incremento de la cantidad, diversidad e intensidad de eventos de desastres y antrópico en la región, así como los impactos que conllevan para las poblaciones. A esta tendencia -de años recientes- se ha sumado la pandemia del COVID-19 con efectos sanitarios, educativos, económicos y sociales devastadores. Hoy la región se encuentra en un momento crítico, de gran retroceso e incertidumbre, con importantes y recurrentes impactos de los desastres, la crisis y recesión económica social; la crisis sanitaria y humanitaria más profunda que ha vivido en décadas.
En dicho contexto, el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible realizó dos encuentros preparatorios que culminaron con el Foro, eleva preocupaciones y recomendaciones a los Estados de la región, con la convicción de que la participación real de la sociedad, la profundización de la democracia, el diálogo efectivo e institucionalizado, el compromiso y trabajo mutuo son el camino para una reconstrucción sin dejar a nadie atrás.
Creemos que para hacer frente a esta crisis multidimensional –ambiental, sanitaria, económica, social y de gobernanza- se deben desarrollar respuestas integrales que mitiguen y reviertan el cambio climático que provoca los desastres y crisis ambientales y sociales, la construcción de un sistema de protección social universal, inclusivo, sustentable, integral y con justicia social, la puesta en marcha de modelos de desarrollo orientados a la creación del trabajo decente, la inclusión y sustentabilidad de la economía social y solidaria y la implementación de mecanismos certeros de ampliación de derechos a las poblaciones que, siendo históricamente las más rezagadas en sus derechos, se han visto aún más desamparadas ante los desastres y la pandemia del COVID 19.
Reclamamos la visibilización de los grupos invisibilizados, que requieren una reparación histórica y urgente para su integración plena como sujetos de derechos: personas adultas mayores, mujeres, comunidades originarias, afrodescendientes, migrantes y refugiados/as, trabajadores y trabajadoras informales y de la economía social, trabajadoras/es sexuales, las poblaciones LGTBI+Q, personas que viven con VIH, niños, niñas y adolescentes. Además de considerar a las personas defensoras de los derechos humanos, sociales y ambientales que siguen siendo víctimas de persecución y criminalización y en general las OSC que enfrentamos la reducción-cancelación del entorno propicio de las OSC para el ejercicio de la democracia y los derechos.
El modelo de desarrollo actual y sus desafíos
La Sociedad Civil de América Latina y el Caribe concluye en su debate sobre las catástrofes climáticas que azotan al mundo y en particular a la región, a veces mal llamados “desastres naturales” que son producto del modelo de económico basado en la sobreexplotación de los recursos naturales, la privatización, la avidez indiscriminada de lucro y la preeminencia del mercado sobre el bienestar social, y constituye las antípodas de la sustentabilidad del planeta.
A las OSC nos preocupa la naturalización y recurrencia del concepto de resiliencia, que enfatiza la responsabilidad individual de las poblaciones respecto a su capacidad de adaptación eludiendo la responsabilidad de los Estados para garantizar un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable, así como servicios públicos universales y de calidad: educación y formación a lo largo de la vida, salud integral, agua y saneamiento, servicios de cuidado, energía y conectividad.
Por ello es urgente el fortalecimiento de los Estados para que puedan brindar servicios públicos universales de calidad a toda la población y así satisfacer necesidades básicas y fortalecer las capacidades de las comunidades ante destrucción de viviendas o sus medios de vida.
Deben orientar sus políticas a medidas de prevención que incluyan la adopción de legislaciones más enérgicas contra la degradación ambiental con participación de la sociedad civil como condición necesaria para la efectiva realización e involucramiento de las poblaciones. Las políticas públicas deben empoderar a las víctimas de las crisis y desastres como verdaderos sujetos de derechos y protagonistas para la reconstrucción de sus vidas y proyectos.
Nos oponemos a todo tipo de privatización de la protección social y a su visión mercantil, que responde a sus propios intereses y ha implicado siempre el recorte de derechos. La mayoría de estos fondos absorben enormes ganancias mientras brindan prestaciones de muy baja calidad e insuficientes.
Advertimos sobre la apelación al eufemismo de “mecanismos innovadores” porque puede encubrir nuevas formas de privatización y la participación del sector privado en la cooperación internacional. América Latina y en particular El Caribe han sido testigos y víctimas de los estragos que ha generado la cooperación internacional sin rendición de cuentas y sin verdadera apropiación democrática de los proyectos de intervención post desastres.
Convocamos a los Estados a adoptar políticas de transición justa, hacia modelos de desarrollo sustentables, que respeten el ambiente, que superen las economías basadas en las energías fósiles, y que reconozcan los conocimientos ancestrales y de los pueblos originarios.
PROPUESTAS
Hacia un Modelo de Desarrollo inclusivo, sustentable y con Protección Social Universal:
- Es fundamental avanzar en sistemas de protección social universales, integrales, sustentables, redistributivos; con servicios públicos universales y solidarios que promuevan la prevención, contención y mitigación del impacto de los desastres con un enfoque de recuperación transformadora, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030, adoptada por los Estados de ALC.
- Las OSC debieron abordar desafíos de contención a los sectores más afectados allí donde el gobierno estuvo ausente, agravado en algunos países por la reducción de los espacios cívicos. Por ello demandamos que se respeten los derechos de asociación, expresión e información de las personas y organizaciones y se nos reconozca como actores centrales del desarrollo y de la democracia.
- Abogamos por políticas públicas y normativas que promuevan el reconocimiento de la economía de cuidado como parte de la producción y reproducción social, el acceso a la vivienda digna con inclusión social y trabajo decente, el derecho a un hábitat saludable, la soberanía alimentaria y nutricional y la protección social en todo el ciclo de vida, desde la niñez hasta los y las adultos/as mayores, el enfoque inter-étnico, la perspectiva de género, intergeneracional e interseccional.
- Los gobiernos de la región deben respetar y cumplir con los compromisos asumidos frente al cuidado del medio ambiente y regionalmente se deben adherir y respetar el Acuerdo de ESCAZÚ.
- Los gobiernos deben promover el diálogo social y la negociación colectiva como mecanismos para el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas y de políticas regionales e internacionales; solo así será posible una Agenda de Desarrollo centrada en la gente y no en intereses económicos. La sociedad civil debe reclamar y monitorear que esto se cumpla y sea activa en la exigencia y el aporte de soluciones. o Los gobiernos deben desarrollar plataformas que faciliten el diálogo y participación de toda la población sin restricciones ni discriminaciones. Ahora que se realizara el COP 26 los gobiernos deben revisar sus compromisos, actualizarlos e incorporar a la sociedad civil en el diseño de soluciones conjuntas.
- Adoptar una Gobernanza mundial que implique una nueva financiación del desarrollo para que los países de la región puedan enfrentar las emergencias; por ejemplo, crear un fondo común de colaboración entre los países con mayores recursos con los de menores recursos que se ha previsto en la región; la alienación con el ODS 16, así como una institucionalidad más sólida. Se necesitan más recursos para asegurar esto.
- Elaborar políticas públicas que garanticen propuestas basadas en la equidad entre los géneros, el respeto de los derechos humanos, el reconocimiento de la insterseccionalidad, con una clara inclusión de políticas de cuidados, que sean inclusivas de todas las poblaciones sin dejar a nadie atrás.
- Fortalecer a los Estados con una redistribución tributaria para que se fortalezcan y respondan a los desafíos que este contexto les exige a fin de adoptar medidas de protección social, no solo de emergencia sino permanentes y universales, y que no se privaticen.
- Políticas que generen trabajo decente, que incluya todos los beneficios y que eliminen la precarización laboral que caracteriza a los países de la región. Manteniendo las medidas de asignación universal de dinero hasta que se supere la necesidad de emergencia, pero no sosteniéndolas más de lo necesario.
- Acuerdos regionales de homologación o rápida tramitación de certificación de títulos en edad escolar y/o habilitantes que permitan el ejercicio profesional y evitar la desescolarización y la precarización laboral, según el caso.
- La suspensión de patentes para tecnologías: vacunas y equipos médicos para todas y todos y distribución de tecnologías para que los países atiendan las crisis sanitarias creadas por la pandemia autónomamente.
- Los Estados deben acordar Pactos Sociales más equitativos y redistributivos, impulsando reformas tributarias que aspiren a la regularización fiscal, impuestos a las grandes riquezas, la movilización de los recursos domésticos que se destinen a la protección social. Es esencial establecer sistemas nacionales de seguridad social basados en los principios de la universalidad, solidaridad, inclusión, carácter público, no discriminativo, integral y redistributivo.
- La sociedad civil de América Latina y el Caribe estamos dispuesta a trabajar por ello, esperamos que los Gobiernos estén a la altura que exige las circunstancias actuales en nuestra patria grande.
“Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia sistemas de protección social universales, integrales, resilientes y sustentables en América Latina y el Caribe»